El fantasma de la privatización y de la pérdida de la autonomía ronda a todas las universidades estatales del país.
La incertidumbre parte del proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior o Ley 30 que actualmente tramita el Gobierno Nacional y que propone nuevos esquemas de financiación de estas entidades.
Según Javier Botero Álvarez, viceministro de Educación Superior, el proyecto busca, entre otras alternativas, que entidades privadas inviertan capital en las universidades estatales.
"El proyecto de reforma radica en que todo ha cambiado en 18 años. No podemos tener la misma educación superior hoy que cuando se emitió la Ley 30 en 1992, por lo tanto planteamos un cambio profundo integral del sistema de la educación superior. Esto permitirá ofrecer un educación de calidad y pertinente con las necesidades del país", indicó el Viceministro.
